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Documentos
Presentación
a la Defensoría del Pueblo
de la Red Alerta
Sobre Transgénicos
Argentina
Al Sr. Defensor del
Pueblo de la Nación
Dr. Jorge Maiorano
De nuestra mayor consideración
Los procesos de
globalización han significado un cambio para las compañías
transnacionales desde los patrones del petróleo y de la petroquímica
a los de la biotecnología. A casi 50 años de iniciada la
Revolución Verde y cuando podemos medir las consecuencias que
ese proceso nos ha dejado en el desarraigo de la población rural
y la contaminación del medio ambiente, los mismos intereses económicos
nos anuncian el inicio de la Revolución Biotecnológica.
Ahora estos nuevos negocios están
moviendo miles de millones de dólares y las empresas operan a
través de sus lobbies y desde los medios para domesticar a los
productores y a los consumidores, a fin de que acepten las nuevas
semillas producto de la ingeniería genética transgénica.
Han interferido los
procesos vitales de los seres vivos para modificar o desarrollar
ciertos productos. Se ha logrado combinar maíces con genes de
bacterias como el maíz Bt, así como entre tabaco y luciérnagas,
tomate y lenguado o lechuga y tabaco. Un ejército de científicos,
funcionarios y periodistas se esfuerzan por negar los peligros de
esta tecnología, de igual manera que en su momento negaron el
peligro de los agrotóxicos. Aceptamos el valor de la
biotecnología que permitió en los orígenes de la cultura
agraria el desarrollo de nuestra humanidad, pero expresamos las más
serias reservas frente a una ingeniería genética
conducida por intereses comerciales y que en su afán de
recombinar ADN no vacila en saltar los límites, no ya de las
familias y los géneros, sino de los mismos reinos de la
Naturaleza.
En nuestro país es la Secretaría de
Agricultura la responsable de la aprobación de estos transgénicos.
La CONABIA, Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria,
cuerpo asesor en esta área de la Secretaría, se limita a dar
por ciertos los informes científicos que las multinacionales le
presentan para su "aprobación". Que se decida
aceptar estos productos como de "equivalencia sustancial"
con los tradicionales, justifica para ellos que no se
realicen los test de alimentación animal y humana que tal vez
insumirían largo tiempo de observación. Las experiencias
realizadas sobre ratones con papas transgénicas en Gran Bretaña
por el científico Arpad Pusztai en el Instituto de Investigación
Rowett cuestionaron ese presupuesto. De tal manera, se
refuerza la necesidad del principio precautorio.
Se traicionan también a nuestro
entender, los derechos del consumidor que asegura la
Constitución Nacional, de saber qué compra y el origen de
sus contenidos, puesto que amparándose en que son "sustancialmente
equivalentes" no se los segrega en origen ni se los etiqueta
en la comercialización. El Convenio de Diversidad Biológica de
Río 92 ratificado por nuestro país establece la necesidad
del "consentimiento informado" por parte de los estados
y de las empresas hacia el consumidor. Nos consta su
incumplimiento porque hemos hablado con empresas que trabajan con
soja como materia prima, que ignoran absolutamente que lo que están
comprando está originado en ingeniería genética.
El debate sobre los
transgénicos y los grandes intereses de las empresas
transnacionales, está hoy en la primera plana de la prensa del
mundo. Crece en todas partes un movimiento de rechazo a estos
alimentos manipulados genéticamente y numerosas cadenas de
comercialización y grandes empresas se niegan en Europa a
trabajar con ellos o a venderlos. El cercano Estado de Río
Grande do Sul se ha declarado libre de transgénicos, el Paraguay
se ha negado a reconocerlos y a permitir su uso en la cosecha en
curso y en el País Vasco se acaba de declarar una moratoria para
los transgénicos por cinco años. A la vez que países como
Suiza se disponen a indemnizar a sus productores que hicieron
alguna vez uso de semillas transgénicas y ahora demandan
la descontaminación del ecosistema.
Cada día se acrecienta el cúmulo de
indicios que nos alertan acerca de un nuevo peligro
para la humanidad, el de la contaminación biológica de los
transgénicos en el medio ambiente natural. Las noticias que
llegan nos hablan de la muerte de polinizadores naturales como la
mariposa Monarca, la sobrevivencia del Bt en la mazorca, mucho más
allá del período de vida que se le conocía como bacteria y el
modo imprevisible en que eso afectaría el ecosistema microbiano
del suelo durante el barbecho; el surgimiento de supermalezas;
los nuevos peligros que implica para la salud, tornan el futuro
con transgénicos altamente riesgoso e impredecible.
Ha sido responsabilidad de ciertos
funcionarios del gobierno la decisión política de aceptar OGMs
sin otra participación de la sociedad civil que no sea la de los
propios semilleros y de las compañías de biotecnología, que
integran la CONABIA y no la de los consumidores ni la de los
trabajadores de agricultura y menos aún la de los ecologistas,
que mucho tendrían que opinar al respecto.
Que los transgénicos
hayan inundado nuestros mercados sin que el público lo sepa es
responsabilidad de funcionarios del gobierno. Que nos hayamos
convertido en el segundo país en el mundo, luego de los EEUU, en
la producción de transgénicos cuando más del 99% de nuestra
población desconoce absolutamente el tema, es sencillamente un
escándalo. Un escándalo que nos remite a una práctica
envilecida y perversa de nuestro sistema democrático y de un
menguado reconocimiento de los derechos civiles de la ciudadanía.
El rumbo del país ha sido modificado bruscamente.
Inevitablemente cambiarán nuestros mercados compradores y
estaremos en desventaja ofreciendo commodities transgénicas.
Debido a la extendida polinización
de las variedades de ingeniería genética, nunca más podremos
tener los maíces tradicionales de los que nos enorgullecíamos.
El ecosistema y los puertos han sido definitivamente contaminados.
Nos preguntamos a cuantos argentinos alcanza el consenso de
semejantes decisiones, en un país de 35 millones de habitantes.
En su momento y cuando los EEUU
incorporaron el maíz BT y el RR en sus exportaciones, nuestro país
ocupó el nicho vacío que quedó en la demanda europea de maíz
tradicional y logró un sobreprecio de seis dólares la tonelada.
Ahora graciosamente estamos perdiendo
esos mercados.
Creemos que el tema de los OGMs y las políticas de bioseguridad que con ellos se relacionan son de una importancia tal que superan a las actuales autoridades y a su capacidad de decidir políticas de importancia estratégica en los finales de un gobierno. Más aún, pensamos que a poco del inicio de una nueva gestión, sería imperioso decidir una moratoria que suspenda temporalmente la aprobación y liberación al medio de nuevas variedades de organismos de ingeniería genética.
La comercialización de nuestras cosechas debe ser política de estado, es decir del conjunto de la sociedad, y es responsabilidad de ese estado, el de prever que haya mercados. De lo contrario persistimos en políticas sin futuro y conociendo fehacientemente según los recientes informes de nuestra propia Consejería Agrícola ante la UE a cargo de Federico Stoessel, el modo en que se viene cerrando el mercado europeo a los productos transgénicos, estamos hipotecando el futuro no ya de un gobierno sino de todos los argentinos. Pensemos Dr. Maiorano, que de concretarse el cierre de la UE para nuestras exportaciones de soja transgénica, perderíamos un mercado de TRES MIL MILLONES DE DOLARES. Estamos ahora aprovechando que la UE carece de otros exportadores de soja de los volúmenes de la Argentina y que requiere mantener el ritmo de sus producciones, pero estamos seguros que a muy corto plazo seremos reemplazados por otras fuentes. Recordemos que en los EEUU la soja orgánica y no OGM se paga tres veces más que el commodity por el que nosotros hemos optado.
Porque tememos que ciertos lobbies trabajen a favor de estos transgénicos desde las zonas oscuras que posibilitan el desconocimiento público del tema, y desde los pliegues institucionales en los que se refugian intereses inconfesables, presentamos ante el Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Jorge Maiorano, esta situación a fin de que actúe con la urgencia que el tema merece, y atendiendo a su gravedad, proceda en consecuencia.
Por todo lo
anteriormente expresado le solicitamos su intervención a fin de
lograr :
1. Moratoria para nuevas liberaciones de
transgénicos, ya sea para su comercialización o para
pretendidos usos de investigación a campo.
2. Discriminación en origen y
etiquetado de los productos en el mercado en salvaguarda de los
derechos del consumidor a saber que compra .
3. Que la Defensoría del Pueblo
ratifique la vigencia del principio de precaución o principio de
cautela incorporado al Convenio de las Partes del año 1995,
del Convenio de Diversidad Biológica, en Jakarta.
4. Que se ratifique la vigencia del
concepto de consentimiento informado aprobado en la Convención
de Río del año 92 y que obliga a la información previa, en
particular para las empresas alimentarias que usan insumos
provenientes de ingeniería genética sin saberlo.
5. Que la CONABIA como organismo
consultor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, se abra a la participación de los consumidores,
productores orgánicos y asociaciones ambientalistas.
Red Alerta Sobre Transgénicos
Jorge E. Rulli
Email: jrulli@sagyp.mecon.ar
Buenos Aires, 13 de octubre de 1999
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